Se destaca las modificaciones que se pretenden introducir a la Ley de Orden Público, especialmente relacionadas con los principios rectores de los estados de excepción, la intervención de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, la participación de la Contraloría General de Cuentas, el derecho de revisión y reparación del daño, el control y fiscalización del Congreso de la República.