Los procesos electorales, al tratarse de procedimientos que conllevan una estrecha relación con el uso del poder, en contextos en los que existen tensiones o riesgo, pueden ser un promotor de violencia. La presencia de dicho fenómeno hace necesaria su observación y prevención. Siempre que la violencia electoral constituya un obstáculo para el ejercicio del poder y la autoridad –al desacreditar y desafiar las reglas establecidas en la Constitución y los resultados legitimados por las instituciones públicas–, se perjudica de forma directa la gobernabilidad del sistema electoral. La violencia también deteriora el principio de representación al no respetar, o intentar modificar mediante actos ilícitos (previos, durante o posteriores al sufragio), los resultados obtenidos de forma democrática. Al utilizar actos de violencia, como quema de papeletas o la intimidación y amenaza entre actores políticos, se perjudican ambos principios. Por esto, la prevención de la violencia electoral y el entendimiento de la misma son clave para la garantía de los derechos ciudadanos.

En Guatemala, a pesar del relativo ambiente pacífico en el que se han desarrollado los últimos procesos electorales, se han registrado actos de violencia electoral desde su transición a la democracia1. Ante la ausencia de estudios nacionales sobre el fenómeno y con miras a promover su correcta prevención, el objetivo de la presente investigación es evaluar las relaciones entre posibles detonadores de violencia electoral y los incidentes de violencia electoral reportados en los últimos cuatro procesos electorales.