Los principios básicos no estáticos sino dinámicos de la economía social de mercado que permitirían establecer el orden económico en nuestro país son susceptibles de diálogo entre la Academia y Centros de Investigación; y los responsables de las decisiones políticas y los métodos de combinación. Los actores en la economía, los empresarios, sindicatos, consumidores, ahorrantes, inversionistas, requieren de un marco de referencia claro y confiable a mediano plazo. La gran equivocación de los liberales al respecto es su idea que la economía puede dar buenos resultados a la sociedad entera sin un Estado fuerte. La gran equivocación de los socialistas es su idea que un Estado fuerte puede garantizar una economía eficiente en el sentido del bienestar para todos. Ambas ideas se han convertido en ideologías que por definición no se prestan a soluciones flexibles y adaptables a diferentes coyunturas. La creciente preocupación en torno al empleo -o más bien, su falta- ha determinado que comience a repararse con mayor detenimiento en los caracteres del derecho al empleo como una construcción jurídica singular dentro del elenco de derechos sociales. Las relaciones del derecho al empleo con el derecho del trabajo y el derecho a la seguridad social, no han sido pacíficas, en tanto el derecho del trabajo se han visto en muchas oportunidades instrumentalizado a efectos de permitir el acceso al empleo; así, las políticas desreguladoras de origen neoliberal han postulado que sólo eliminando las regulaciones protectoras del trabajo podrá generarse empleo para todos.